El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las tareas de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. La nueva ley prevé sanciones que oscilan entre los 6.000 hasta los 240.000 euros en caso de infracción.

El texto consta de 61 artículos estructurados en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y once disposiciones finales. El proyecto de ley es el resultado de la transposición de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.

Una tramitación administrativa urgente

En la presentación del proyecto, el Ejecutivo defendió la necesidad de crear un marco regulador nacional en relación al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, principalmente policiales, fiscales y judiciales. Además, el gobierno señaló que “dado el retraso acumulado», cuando el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto en primera vuelta, el 10 de marzo de 2020, acordó su tramitación administrativa urgente, lo que ha permitido recabar con premura los preceptivos informes».

Dichos informes han sido elaborados por los ministerios de Justicia, Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública, Defensa, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Trabajo y Economía Social. Asimismo, también se ha contado con la supervisión del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, los departamentos de Seguridad Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Ahora el proyecto de ley está a la espera de su tramitación en El Congreso de los Diputados y, posteriormente, en el Senado.

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