Faltan tres días para que se celebren las decimocuartas elecciones generales españolas de la etapa democrática. Dejando al margen el componente político, estas se han caracterizado por ser las primeras celebradas después de la aprobación y entrada en vigor de la nueva LOPDGDD, que modificó la LOREG en referencia a la recopilación y utilización de datos personales y opiniones políticas en el marco de la campaña electoral. En este post de Conversia te contamos el estado de insólita situación a un día del fin de la campaña electoral.

La recopilación de opiniones políticas pendiente del Tribunal Constitucional

Tal y cómo informábamos hace unas semanas en este blog de Conversia, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Esta disposición modifica el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), permitiendo a los partidos políticos y agrupaciones electorales recoger opiniones políticas de usuarios en Internet durante el periodo electoral.

Sin embargo, a pesar de haber admitido a trámite este recurso, la campaña electoral de las elecciones generales empezó antes de que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la nueva LOPDGDD. De esta manera, los partidos políticos han podido recopilar datos relativos a las opiniones políticas en el marco de sus actividades electorales o han podido utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades durante la campaña. Asimismo, los partidos también han podido enviar propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y contratar propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes sin que esta tenga la consideración de comunicación comercial. Todo esto sin el consentimiento expreso de los usuarios afectados.

Opiniones de expertos acerca de la LOPDGDD

Durante la campaña electoral, varios expertos en la materia han publicado sus opiniones en algunos medios de comunicación sobre esta insólita situación. Por ejemplo, el catedrático emérito de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, y el informático y miembro de la Junta Directiva de la APDHE, Antoni Farriols Solá, escribían en El País que “el legislador español, en vez de controlar el cambio para que no afecte negativamente a los derechos fundamentales de las personas, y alegando que pretende evitar en España escándalos como el referido de Cambridge Analytica, lo que hace de hecho es legalizar preventivamente estas situaciones para que de esta forma puedan ser consideradas normales”.

Asimismo, estos dos expertos en la materia opinan que “mientras el TC no restablezca la seguridad jurídica en torno a este asunto, en España se ha abierto la posibilidad de que los partidos políticos puedan estudiar de forma no anonimizada las opiniones políticas recopiladas y puedan confeccionar perfiles ideológicos para utilizarlos en las campañas electorales”. López y Farriols concluyen su artículo haciendo referencia a la Circular publicada por la Agencia Española de Protección de Datos en el Boletín Oficial del Estado, de la que hablamos también en este blog de Conversia. Ambos entienden que la Circular no supone “una garantía suficiente para las personas debido a que estamos analizando una materia que es reserva de ley orgánica. Lo que rige, por el momento, es el art.58 bis, de la LOREG, no la opinión de una entidad pública”.

La AEPD no tiene los medios suficientes para evitarlo

También desde el sector de la abogacía se ha denunciado esta situación en el marco de la segunda sesión del foro tecnológico Abogacía 4.0 organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), bajo el título “La nueva LOPDGDD: el perfilado ideológico de la ciudadanía vía información en redes sociales y la gestión de esta campaña electoral”. El Colegio invitó a los partidos políticos a que participaran en dicha sesión, sin embargo, ninguno acudió a la cita.

La diputada del ICAM, Esther Montalvá, fue la encargada de moderar el debate en el que varios expertos expresaron sus opiniones referentes a la materia tratada. Uno de los ponentes fue el abogado y consultor experto en derecho, estrategia y comunicación digital, Borja Adsuara, que opinó que “la ley aprobada por los partidos supone legalizar el caso Cambridge Analytica. Temo que han pensado que antes de que dentro de unos años les llegue una multa de 20 millones de euros, lo mejor era aprobar la mala práctica por ley”.

Otro de los participantes, el diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y presidente de ENATIC, Rodolfo Tesone, se mostró más crítico: “La enmienda aprobada en la nueva ley electoral es un hackeo a la democracia de cara a las próximas elecciones”. Asimismo, añadió que “el envío de información personalizada los dos o tres días anteriores a las elecciones puede cambiar el sentido de voto del electorado indeciso”. Además, Tesone reflexionó sobre si la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene recursos suficientes para hacer su trabajo: “Con un presupuesto mayor y el incremento en el número de inspectores, la AEPD podría realizar mucho mejor su trabajo. El cuerpo de inspectores actual llega donde llega. Si hubiera más inspecciones de oficio, los resultados serían otros. Hay que ser realista. Los guardianes de la galaxia no van a ir a las puertas de todos los partidos políticos a ver si cumplen con la LOPDGDD. Esto no va a suceder”.

Por su parte, el abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la AEPD, David Javier Santos Sánchez, expuso que “desde la Agencia se tratará de analizar muy de cerca lo que sucede durante el periodo electoral. El microtargeting o creación de perfiles de usuario mediante técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data nos preocupa mucho, pero tenemos los recursos que tenemos. Faltan medios para desarrollar correctamente nuestra labor”.

Finalmente, la secretaria general de la Plataforma Derecho Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana Serrano, quiso ir más allá y profundizar en qué hay detrás del perfilado ideológico: “Los partidos políticos son propensos a limitar la libertad de expresión y los derechos digitales porque resultan incómodos para el poder”. Según ella la intención de los partidos al recabar las opiniones políticas es “predecir comportamientos políticos a través del big data permitiendo a los partidos saber con gran detalle qué contenidos y acciones pueden movilizar al ciudadano”.

¿Y qué dice la Unión Europea sobre la recopilación de opiniones políticas en España?

Hace unas semanas, durante un debate en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, el director general de Protección de Datos del Ejecutivo comunitario, Olivier Micol, admitió que la Comisión Europea (CE) está “preocupada” por la LOPDGDD, ya que podría estar permitiendo el rastreo de datos en redes sociales a algunos partidos políticos en las semanas previas a las elecciones. Micol explicó que desde la CE han “trasladado el mensaje de preocupación a las autoridades españolas”, pero que dado que el asunto se encuentra recurrido por el Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional, “no pueden hacer nada más” por el momento.

La eurodiputada que inició el debate fue la liberal holandesa Sophie In’t Veld que, ante las explicaciones de la CE, consideró “inaceptable y frustrante que a tres semanas de las elecciones la CE no pueda tomar más medidas”. “¿Esperar a qué? ¿a que salga un fallo cuando ya esté terminando la campaña, se concluya que se manipuló a los ciudadanos, pero ya no se pueda hacer nada porque es demasiado tarde?, criticó. Para In’t Veld, es extraño que, después del shock que causó el escándalo Cambridge Analytica, ahora un gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea introduzca esta ley. “Estamos cerca de unas elecciones europeas. ¿Cómo vamos a defender ante los ciudadanos lo que hacemos en Europa si la CE no puede controlar que se aplique la legislación de algún modo?”, preguntó la europarlamentaria liberal holandesa.

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