Ya estamos acostumbrados a leer en los blogs de Conversia los problemas que causan las leyes y normativas de Estados Unidos para garantizar la privacidad y la protección de datos de sus ciudadanos o de los turistas que visitan el país. Ahora asistimos a un nuevo capítulo: el gobierno norteamericano recopilará datos e información personal de todos los inmigrantes a través de las redes sociales.

Problemática por la privacidad de los inmigrantes

Nuevo obstáculo para la privacidad y la protección de datos en Estados Unidos. Desde el pasado 18 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puede revisar las redes sociales de todos sus inmigrantes para recopilar más información sobre ellos. Esta nueva medida afectará a todos los inmigrantes, incluso a aquellos que ya han obtenido la Green Card de residencia permanente o aquellos ciudadanos nacionalizados. Al mismo tiempo, también afectará a todos los usuarios que estén en contacto a través de estas redes sociales con los inmigrantes “investigados”.

Según prevé esta nueva medida que vulnera la privacidad, apoyada tanto por republicanos como por demócratas, el Gobierno ampliará los registros con información que se encuentra “públicamente” en internet o “divulgada de conformidad con los acuerdos de intercambio de información”. Esta última se refiere a los pactos establecidos con compañías tecnológicas o proveedores de red.

Según destacó un abogado de inmigración que ejerce en Miami, esta problemática medida afectará también a los viajeros que entren al país con el “Visa Waiver”, que permite estar 90 días en el país: si los agentes revisando las redes sociales detectan una publicación en la que el usuario anuncia que se va a vivir para siempre a una ciudad de Estados Unidos, le negarán la entrada a Norteamérica.

¿Quién revisará las redes sociales de los inmigrantes?

Los encargados de revisar las redes sociales son los agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La revisión se podrá hacer desde teléfonos móviles, tabletas u ordenadores e incluirá tanto perfiles de redes sociales como Facebook y Twitter, como resultados de búsquedas en sitios como Google o Bing.

Según fuentes del gobierno norteamericano, la finalidad de esta revisión no es entrometerse en la privacidad, sino evitar fraudes de identidad, ubicar a posibles terroristas o criminales que puedan ser peligrosos para la seguridad de Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Seguridad insiste en que esta “nueva medida” se trata solamente de una “modernización” de un reglamento vigente desde 1974.

Esta información se incluirá en los archivos de datos personales de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Cada uno de los 43 millones de inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos tiene un archivo permanente identificado con su número de extranjero. Estos archivos contienen información sobre las transacciones que realiza esta persona, así como sus entradas y salidas del país.

¿Qué opina la Unión Americana de Derechos Civiles?

La Unión Americana de Derechos Civiles ha denunciado que en la actualidad garantizar la privacidad en Estados Unidos es un enorme problema, ya que ésta se encuentra gravemente amenazada por la creciente vigilancia por parte del Gobierno, vigilancia que se justifica con la excusa de la seguridad nacional.

Según esta organización, “la recolección del Gobierno de esta información tan sensible es una invasión de su privacidad”. La organización añade que cuando esta información está en manos del Gobierno “se puede compartir y conservar durante años, pudiéndose cambiar las reglas sobre el acceso y el uso sin que los afectados se enteren”. Este grupo teme que, además, estas medidas también atenten contra la libertad de expresión y la libre asociación de los ciudadanos e inmigrantes norteamericanos.

Tal y como ya os contábamos hace unos meses en Conversia, esta no es la primera medida del Gobierno Trump que elimina las garantías de privacidad aprobadas anteriormente por Obama: a finales de marzo el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que permite a los proveedores de Internet vender los datos de los usuarios, vulnerando las garantías de privacidad y de protección de datos de los usuarios estadounidenses.